Código Ético

La pertenencia a ACPB implica un compromiso ético con los valores centrales de la iniciativa que deberá ser suscrito por todas las personas que quieran participar en ella. La Asamblea Ciudadana Por Bezana nace como herramienta para la participación ciudadana y la unidad popular. Aspiramos a recuperar la política para ponerla al servicio de las personas. ACPB es un método: la democracia. Promovemos la participación democrática directa de todas las personas en los ámbitos de la decisión política, así como en la ejecución de las políticas públicas.

Como persona integrante de la Asamblea Ciudadana Por Bezana me comprometo a:

  1. Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución pacífica de los conflictos y en contra de todo tipo de violencia.
  2. Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas.
  3. Trabajar a favor de la recuperación de la soberanía popular y democrática.
  4. Promover la igualdad tanto en la sociedad como dentro de ACPB, luchando contra toda forma de racismo, de xenofobia, de machismo o de exclusión por identidad de género u orientación sexual. Además se deberá promover la participación política de las mujeres en ACPB y comprometerse con incluir en los reglamentos de cada espacio la necesidad de habilitar guarderías en los actos y asambleas de la organización.
  5. Velar para que la participación en ACPB sea siempre libre, voluntaria y abierta a todas las personas que, sin distinción de su estatus civil o social, comparten la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el método democrático de participación ciudadana y directa.
  6. Debatir con honestidad todas las opiniones y respetar a todas las personas con independencia de cuáles sean sus pareceres, fomentando el diálogo y la búsqueda de consenso.
  7. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de representación política (cámaras municipales, diputaciones provinciales, parlamentos autonómicos, congreso de los diputados, senado, parlamento europeo o cualquier otro) se lleve a cabo mediante elecciones primarias abiertas a toda la ciudadanía, con listas abiertas sólo corregibles mediante criterios de género. Rechazar el transfuguismo y velar para que ningún cargo electo pueda formar parte de ACPB si previamente no ha sido elegido para desempeñar tal función en un proceso de primarias abiertas y participadas por toda la ciudadanía.
  8. Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación.
  9. Exigir y respetar que cualquier cargo electo sea un mero representante obligado a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de todo su mandato.
  10. Impedir que ACPB en su gestión económica participe de productos bancarios de financiación de instituciones basadas en el lucro. Se excluye expresamente la posibilidad, por tanto, de financiación bancaria en este sentido.
  11. Construir ACPB como plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio al servicio de intereses privados, para lo cual todos los cargos electos y cargos internos de ACPB aceptarán:
    1. La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de representación, asumiendo la total transparencia de sus ingresos por cualquier concepto y la obligación de rendir cuentas públicas y asumir la gestión transparente de su patrimonio.
    2. La limitación que se establezca con carácter general sobre el número de funciones públicas que pueda desempeñar una única persona y a recibir un único salario por las mismas, salvo que sumen menos de tres salarios mínimos.
    3. La renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante, proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.
    4. El compromiso de transparencia y la rendición de cuentas a lo largo y al final de su actividad como representante.
    5. El compromiso de inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el objetivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión. El Régimen de Incompatibilidades que desarrollará el Consejo Ciudadano tendrá por objeto garantizar este punto no sólo en términos éticos sino también normativos y en cualquier caso recogerá la restricción del derecho al sufragio pasivo a cargos orgánicos internos a miembros o afiliados de organizaciones políticas de ámbito estatal.
    6. Asumir la imposibilidad de ocupar el acceso después de asumir cargos públicos a la empresa privada cuya actividad haya o hubiera tenido conexión de intereses en sus tareas como representante, con prohibición expresa de asumir durante 10 años responsabilidades ejecutivas en empresas conexas con sus responsabilidades, y nunca como miembros en Consejos de Administración de empresas que actúen en sectores estratégicos o de relevancia económica nacional, así como proveer efectivamente no acogerse a ningún beneficio fiscal que pudiera derivarse de la actuación de cargo público.
    7. El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género,
    8.  pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de ACPB o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico.
    9. Limitación de mandatos asumiendo la limitación de cargos públicos o internos del partido a una duración de ocho años, que pudiera prorrogarse excepcionalmente a un máximo de 12 años.
    10. Impulsar el laicismo, promoviendo un sistema democrático fundado en la libertad de conciencia, sin apoyar ningún culto o religión.
  12. Además, todas las personas titulares de CARGOS DESIGNADOS POR ACPB en cualquier órgano de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS o de cualesquiera de sus ENTES INSTRUMENTALES deberán aceptar:
    1. A desempeñar con lealtad a la ciudadanía, sencillez, moralidad y transparencia los puestos para los que hayan sido designados, velando por el buen uso de los bienes públicos y por una gestión de los recursos públicos basada en principios de eficiencia, equidad y eficacia.
    2. A no tener ningún privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representantes proveyendo desde la responsabilidad del cargo público evitar el acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial.
    3. La limitación salarial que se establezca con carácter general para cada nivel de responsabilidad, sin que pueda superarse en ningún caso el sueldo más alto establecido para el nivel del grupo funcionarial o laboral para el que estén capacitados en función del título exigido para el ingreso (A1, A2, B, C1 y C2) en cada Administración Pública, salvo en lo concerniente a las cotizaciones por desempleo
    4. A renunciar en las Administraciones y Empresas Públicas a percibir un salario superior a los recogidos en el convenio colectivo o en el régimen retributivo del resto de personas empleadas sin percepción de complementos o conceptos retributivos diferentes. No habrá privilegios de ningún tipo, solamente los derechos derivados el Convenio Colectivo que les será íntegramente de aplicación.
    5. A no cobrar sueldos o remuneraciones, cualquiera que sea su denominación, por la pertenencia a los Consejos de Administración de ningún Ente u Organismo Público, derivada del ejercicio de sus funciones públicas.
    6. A renunciar a cualquier plan o fondo de pensión que la Administración Pública respectiva pudiese haber contratado al margen de los que tengan derechos los empleados públicos. No habrá más derechos en materia de jubilación con cargo a los fondos públicos que los establecidos en la Seguridad Social, en Clases Pasivas del Estado o aquellos que la Administración Pública tenga contratados para sus empleados públicos.
    7. A no realizar gastos superfluos de los fondos públicos, moderar los costes de transporte y alojamiento ajustándose a las dietas e indemnizaciones establecidas para el personal funcionario o laboral. En caso de necesitar indemnizaciones por razón de desplazamiento, alojamiento o manutención, no podrán superar las establecidas normativamente para el personal funcionario o laboral ni, en el caso de empresas públicas y organismos asimilados, las que cobra el personal de los mismos por Convenio Colectivo. Renunciarán a las dietas de altos cargos de la Administración.
    8. A no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo. Quienes con anterioridad al cargo fueran titulares de un empleo público serán repuestas con carácter definitivo en el último puesto del que fueran titulares definitivos u otro puesto equivalente en términos de salario, dedicación, área de actividad y localidad, debiendo incorporarse a ellos en los plazos previstos para la toma de posesión en los procesos de provisión de puestos de trabajo. Quienes no fueran titulares de un empleo público cobrarán la prestación por desempleo que les corresponda.
    9. Las personas titulares de altos cargos renunciarán a la asignación de vehículo oficial de carácter permanente excepto cuando los cuerpos de seguridad del Estado así lo recomienden expresamente por razones de protección personal. En cualquier otro caso, el uso de vehículos oficiales sólo podrá hacerse cuando sea imprescindible para el servicio público, en la forma y condiciones similares a las del resto del personal y en ningún caso se utilizarán para desplazarse al domicilio propio o familiar u otros usos no vinculados con lo estrictamente necesario para el ejercicio de las funciones públicas. En lo posible darán ejemplo con el uso de medios de transporte colectivo u otros medios de transporte respetuosos con el medio ambiente.
    10. A no percibir cobro en especie de ningún tipo y en especial a la percepción de ayudas al alquiler cuando estos tengan residencia continuada-bien por alquiler o compra- en la localidad o alrededores donde se encuentre la sede en la que ejerzan sus funciones públicas. En el caso de que no tuvieran residencia en la localidad del centro de trabajo y tuvieran que percibir ayuda, el montante será justificado y la vivienda será digna y adecuada a las necesidades de su familia.
    11. Respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente.
    12. Los cargos públicos designados por ACPB se comprometen a la democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato humano y digno a la ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos económicos, sociales o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, sin que tal obligación pueda ser delegada al personal bajo su dependencia.
    13. Las personas titulares de cargos públicos procurarán la participación del personal en el desempeño de su misión, su empoderamiento y la mejora de la organización pública a su cargo, fomentando la asunción de responsabilidades y proporcionando reconocimiento público al personal a su cargo por el buen desarrollo de sus funciones. Se comprometen a evaluar de forma objetiva el desempeño del personal a su cargo, a combatir cualquier forma de discriminación y a perseguir el acoso laboral. Promoverán la mejora del clima laboral, la prevención de riesgos laborales en su ámbito, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto medioambiental.

      Promoverán la cultura de mejora de la gestión pública orientada a la ciudadanía, fijarán la misión de la organización a su cargo de acuerdo con los planes y programas previstos y difundirán los valores éticos y democráticos para su logro, persiguiendo con firmeza cualquier signo o indicio de fraude o corrupción. Periódicamente se someterán a evaluaciones de gestión y liderazgo.
    14. A crear y facilitar en la áreas de trabajo que tengan bajo su responsabilidad un clima y una cultura administrativa de transparencia, rendición de cuentas y puertas abiertas a la ciudadanía rechazando comportamientos autoritarios y no democráticos.